TÍTULO: Uruguay Anula Contrato con Astillero Cardama por Incumplimientos Graves; Díaz Cuestiona Falta de Intención en Sustitución de Garantías
CUERPO:
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, confirmó este viernes la rescisión administrativa del contrato entre el Estado uruguayo y el astillero Cardama. La medida se adoptó debido a “graves incumplimientos jurídicos” por parte de la empresa a lo largo del tiempo, según explicó Díaz en diálogo con Subrayado.
Entre las principales fallas, destacó la omisión en la presentación de una garantía de fiel cumplimiento genuina y la entrega de documentación engañosa, lo que calificó como una “violación flagrante del acuerdo”. Díaz señaló que la garantía presentada no solo era de naturaleza apócrifa, sino que la empresa tampoco cumplió con su obligación de mantenerla vigente durante la duración del contrato.
El funcionario gubernamental detalló que Cardama fue debidamente notificado sobre la falsedad de la garantía, la resolución adoptada y la intención de iniciar acciones penales. En este contexto, el prosecretario aseguró que “en ningún momento hubo por parte del astillero una intención de una presentación formal de la sustitución de esa garantía”. Recalcó que hasta la fecha, el Estado uruguayo carece de una garantía de fiel cumplimiento válida.
En cuanto a la garantía de reembolso financiero, cuyo fin era asegurar la correcta aplicación de los 28 millones de euros entregados por el Estado para la construcción de las dos patrullas oceánicas, el gobierno constató que la documentación suministrada por Cardama no se correspondía con una póliza real. Díaz explicó que, al indagar con los estudios jurídicos de la compañía aseguradora, se confirmó la existencia de una póliza, pero el documento presentado por el astillero era “completamente diferente” y no cumplía con las estipulaciones contractuales, específicamente la que permitía su reducción solo tras la entrega del primer buque.
Asimismo, el prosecretario reveló que la aseguradora había solicitado a Cardama una contragarantía de aproximadamente 3 millones de euros. De los documentos analizados, se desprende que este monto fue financiado con recursos del propio Estado uruguayo, ya que se realizaron tres pagos de alrededor de un millón de euros, coincidentes con el cumplimiento de diversos hitos del proyecto. Esto sugiere, según Díaz, que “parte del dinero destinado a la construcción de los buques terminó en la constitución de una contragarantía”, lo que representa un grave desvío de los fondos públicos.
Díaz enfatizó que el contrato con Cardama, de naturaleza de suministro y enmarcado en el TOCAF, ha sido rescindido administrativamente conforme al artículo 70 por “incumplimiento grave”. Con la notificación emitida, “el contrato no existe más”, afirmó categóricamente.
En cuanto a la audiencia de conciliación prevista para el 16 de marzo, Díaz aclaró que la citación fue cursada por el Ministerio de Defensa Nacional y no por Presidencia. Desde su perspectiva legal, consideró que dicha audiencia carece de propósito, dado que el contrato ya fue anulado. “El Estado uruguayo ya tomó una decisión”, reiteró, destacando que Cardama fue notificado de la resolución y tuvo dos oportunidades durante el proceso administrativo para responder a las observaciones, sin que sus respuestas abordaran los puntos planteados.
Ante las críticas de la oposición, que califican la decisión como política, Díaz subrayó que esta se fundamenta en argumentos estrictamente jurídicos y técnicos. “Lo que plantea la oposición es un debate político. Este se llevará a cabo, como es debido, en el Parlamento”, declaró.
El prosecretario delineó cuatro niveles de responsabilidad que se derivarán del caso: la política, que recae en el Parlamento y podría incluir una comisión investigadora; la penal, competencia exclusiva de la Fiscalía tras la denuncia del Poder Ejecutivo; la administrativa, con investigaciones internas (ya concluidas en el MEF y BROU, y pendiente en el Ministerio de Defensa Nacional); y la civil, que implicará una demanda del Estado uruguayo contra Cardama para reclamar daños y perjuicios, así como la recuperación de los 28 millones de euros invertidos.
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