El astillero Cardama remitió al Estado uruguayo, el 13 de marzo, un escrito donde expone su posición tras la cancelación del contrato para las patrulleras oceánicas, determinada por la administración de Yamandú Orsi. En el texto, al que tuvo acceso este medio, la compañía española tildó la conducta estatal de “incoherente” y de “improvisación autoritaria”, considerando la rescisión del contrato como “ilegal”.
Asimismo, el documento acusa al Estado uruguayo de exhibir una “actuación abusiva y con mala intención”, lo que, según Cardama, demuestra que “nunca hubo interés en considerar ningún tipo de argumentación”.
La empresa sostiene que la pretensión del gobierno uruguayo de obtener una compensación por el presunto incumplimiento contractual es el “resultado lógico” de una forma de actuar “desorientada, poco clara y equivocada”, así como una manifestación de “posturas inflexibles” y de “menosprecio por el marco legal vigente”.
Cardama instó a Uruguay a llevar a cabo todas las gestiones necesarias para remover de sus dependencias las secciones ya construidas de las patrulleras oceánicas, las cuales, según afirma, “ocupan una porción significativa” de su infraestructura.
Esta información provocó la respuesta del legislador del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. A través de su cuenta de X, Sotelo manifestó: “¿Donde están los soldaditos del (prosecretario) Jorge Díaz cuando los necesitamos? Probablemente se nos venga: 1) arbitraje internacional, 2) indemnización a la empresa, 3) patrulleras que van a costar el doble, 4) el frente marítimo a merced de los narcos y pescadores chinos, quién sabe hasta cuándo. Pensaron en todo, menos en los intereses del país”.
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