Claudia González, quien preside la asociación de fiscales, afirmó que el sistema judicial uruguayo “no se verá comprometido por un simple traslado”, aludiendo a la reciente reasignación del fiscal Alejandro Machado. Dicha reubicación generó controversia en el Frente Amplio, dado que Machado investigaba expedientes de alto perfil, entre ellos el caso Cardama y la emisión del pasaporte a Sebastián Marset.
González señaló que, a raíz del caso Machado, “lo que he observado en los medios es que se ha intentado manchar un poco la imagen del sistema, queriendo transmitir a la ciudadanía que la justicia está en riesgo. Sin embargo, el sistema judicial no está en peligro por una transferencia; su verdadero riesgo radica en la carencia de personal. La escasez de personal”, enfatizó la titular.
“Considero que la justicia sí corre peligro si no se incrementa la dotación de personal, ya que esto propicia la impunidad. Ese es el verdadero riesgo que percibo, no una falla en el sistema en sí, que opera de manera eficiente. Lo que se encuentra amenazado es la lucha contra la impunidad, puesto que la insuficiencia de recursos humanos impide que los expedientes sean debidamente analizados, gestionados e investigados, lo que, a su vez, favorece la impunidad de los involucrados”, manifestó la fiscal durante una entrevista este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10.
“El sistema opera gracias a la dedicación de quienes lo conforman. No obstante, las personas eventualmente se enferman o deciden marcharse”, manifestó González, enfatizando el “cansancio” y la sobrecarga laboral que experimentan los fiscales. “Actualmente, se observa que los fiscales optan por la jubilación anticipada, aun cuando les restaría una década de labor. Su partida se debe al desgaste profesional. El agotamiento entre los fiscales es una realidad ineludible”, alertó.
González destacó que, aproximándose a los diez años de implementación (2017-2027) del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), es imperativa “una reforma profunda de la Fiscalía”. Subrayó que la institución “no puede continuar operando con equipos de solo tres individuos”, y añadió que la elección del próximo Fiscal de Corte debería basarse en la visión que el candidato posea para modernizar la Fiscalía, y no meramente en su nombre.
En esta línea, criticó a las agrupaciones políticas por su incapacidad de consensuar la designación de un nuevo Fiscal de Corte titular. El último en ocupar ese puesto fue Jorge Díaz (actualmente prosecretario de Presidencia en la administración de Yamandú Orsi). Posteriormente, Juan Gómez asumió como Fiscal de Corte subrogante, y tras su renuncia por motivos de salud, Mónica Ferrero tomó su lugar, posición que ocupa hasta el presente. Persiste el desacuerdo entre el Frente Amplio y la oposición respecto a la persona idónea para encabezar la Fiscalía General.
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