El presidente Orsi convoca este viernes, desde las 10:00 horas, a su Consejo de Ministros con el fin de resolver dos puntos cruciales de la agenda actual: la redistribución de recursos en la próxima Rendición de Cuentas y el uso de vehículos del Ejército por parte de la Policía para el patrullaje en las áreas de Montevideo y su zona metropolitana con los mayores índices de delincuencia.
El gobierno ha definido tres ejes prioritarios para la reasignación de fondos en la Rendición de Cuentas: la pobreza infantil, la seguridad ciudadana y la atención a personas en situación de calle. Pese a las solicitudes de los sindicatos de la educación para incrementar el presupuesto de la enseñanza pública, el presidente Orsi manifestó que la propuesta será evaluada, pero enfatizó que las tres prioridades ya establecidas son inamovibles para la asignación de recursos adicionales.
En el ámbito de la seguridad, el Consejo de Ministros recibirá este viernes un informe de los Ministerios del Interior y de Defensa sobre la implementación de vehículos blindados del Ejército para apoyar las tareas de patrullaje policial en los barrios más afectados por la violencia y los homicidios, particularmente en Montevideo y el área metropolitana.
Esta iniciativa fue públicamente criticada por el ministro de Trabajo, Juan Castillo (Partido Comunista), quien declaró en el programa “Arriba Gente” de Canal 10 que “para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa”. El presidente Orsi le respondió también de forma pública en una rueda de prensa, afirmando que “la decisión está tomada” y que “no es un tema de imagen, es de acción, hay que resolver”.
Sobre esta base, y a pesar de las divergencias internas en el Poder Ejecutivo, el gobierno procederá a definir el marco legal para el empleo de los vehículos militares en el patrullaje urbano, con personal del Ejército a cargo de la conducción de los blindados. Se estudia la opción de un pase en comisión de los soldados a la Policía, así como la reglamentación de sus funciones para establecer el alcance de su participación en labores de seguridad interna.
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