La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) ha presentado formalmente un recurso de amparo con el objetivo de lograr el cese de la prospección sísmica autorizada por el Ministerio de Ambiente. Esta actividad está destinada a la búsqueda de petróleo en aguas marítimas uruguayas por parte de diversas empresas. La prospección sísmica es una técnica utilizada para explorar el subsuelo marino, permitiendo identificar la posible existencia de yacimientos de hidrocarburos.
Las operaciones programadas para el año 2026 se enmarcan en acuerdos contractuales firmados entre 2022 y 2024 por Ancap y las compañías petroleras. Cabe recordar que tareas similares ya se llevaron a cabo en el período 2012-2017 en zonas equivalentes o de mayor extensión, y también hubo exploraciones en 1982 y 2002.
La solicitud de la Inddhh busca la interrupción inmediata de esta fase de exploración. Mariana Mota, presidenta de la institución, detalló que el recurso de amparo está dirigido tanto a las carteras de Ambiente e Industria, Energía y Minería, como a Ancap y a las firmas petroleras encargadas de ejecutar la actividad. Mota explicó que la acción legal se fundamenta en una vasta recopilación de información que evidencia los daños e impactos ambientales que estas operaciones generan. Afirmó que este impacto “no es negado por nadie” y es reconocido incluso por las propias empresas.
La presidenta de la Inddhh señaló que, si bien las compañías proponen medidas de mitigación para los perjuicios, estas fueron consideradas insuficientes. Mota enfatizó que “la mitigación no implica que el daño no exista”, sino que este se producirá de todas maneras, y la cuestión central radica en el “costo” de dicha actividad para el medio ambiente.
El recurso legal describe que, para la prospección, se utilizan cañones de aire comprimido remolcados por embarcaciones que emiten detonaciones de entre 250 y 300 decibelios. Este potente ruido tiene la capacidad de propagarse por una superficie superior a los 300.000 kilómetros cuadrados. Sensores especiales captan los reflejos generados para recolectar los datos necesarios.
La Justicia dispone de un plazo de tres días para convocar a una audiencia. El Poder Ejecutivo, por su parte, no ha emitido declaraciones recientes sobre este amparo. Sin embargo, en ocasiones anteriores, el gobierno ha señalado que ha reforzado las medidas de protección de la fauna marina, duplicando los protocolos para el cuidado de especies como ballenas, delfines, lobos marinos y tortugas, y estableciendo una distancia mínima de mil metros para no interferir con estos animales.
**ANTECEDENTES DE MEDIDA CAUTELAR**
Previamente, en noviembre de 2025, la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la asociación civil Socobioma habían presentado una medida cautelar de no innovar, buscando frenar la prospección sísmica y la exploración de petróleo en el mar uruguayo. Este miércoles, la Justicia se pronunció al respecto. El juez Federico Tobia determinó que el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 8º Turno carecía de competencia para entender en la medida cautelar presentada por las entidades ambientalistas.
Según comunicaron las organizaciones, la decisión judicial “no profundizó en el análisis del fondo de la pretensión”. No se pronunció sobre la posible ilegalidad de los contratos en cuestión, ni evaluó su compatibilidad con artículos constitucionales (Art. 47) y leyes ambientales (17.283, 19.128), tampoco examinó la existencia de riesgo ambiental o la aplicación del principio precautorio. Las organizaciones precisaron que la resolución se limitó exclusivamente a declarar que el asunto debería ser tratado en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Las agrupaciones reiteraron su intención de impulsar la nulidad absoluta de los contratos firmados por Ancap con las petroleras, argumentando que tienen causas y objetos ilícitos al contravenir normativas constitucionales y ambientales. Las organizaciones compartieron su reacción a la sentencia en sus redes sociales, anunciando que apelarán la decisión del juez.
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