Representantes de vecinos y productores de Florida y Lavalleja, férreamente opuestos a la construcción de la represa de Casupá, entregaron el pasado 16 de marzo al presidente Yamandú Orsi una misiva clave. En el documento, detallan su absoluto rechazo a la obra y lanzan una grave advertencia: la continuación del proyecto sin explorar alternativas sostenibles más allá de la cuenca del río Santa Lucía podría desencadenar “consecuencias ambientales, sociales y productivas de gran magnitud, e incluso transformarse en una catástrofe”, lo que iría en contra del objetivo mismo de garantizar el suministro de agua potable para la capital y su área metropolitana.
Según se desprende de un comunicado emitido por los propios colectivos, la comunicación dirigida al mandatario no solo articula su oposición, sino que también aporta “análisis técnicos que ponen en tela de juicio la viabilidad del embalse”. Adicionalmente, el material incluye “imágenes recientes del arroyo Casupá y de varios de sus tributarios que evidencian los efectos de la sequía”, junto con un compendio de “propuestas hídricas alternativas”.
Entre las soluciones planteadas, la misiva destaca diversas opciones estratégicas. Se proponen trasvases desde Rincón del Bonete y el río Yi, así como una conexión desde Laguna Negra. Otra alternativa mencionada es el desarrollo de una fuente externa de abastecimiento con captación en Juan Lacaze. Resalta también la iniciativa de MOVUS para restaurar la extensa red de cañerías de OSE, donde se estima una pérdida de hasta dos tercios del agua potable. La instalación de una planta desalinizadora en la costa este del país y el estudio de ejemplos exitosos en naciones con severa escasez hídrica como Arabia Saudita, Israel, Chile, Brasil y Perú, completan el abanico de sugerencias.
Los remitentes del documento instan al presidente a que estas alternativas sean sometidas a un riguroso análisis técnico. Además, solicitan la realización de nuevos estudios de impacto ambiental, que deberán tomar en cuenta “los cambios sustanciales ocurridos desde 2020” en aspectos como el uso del suelo –especialmente el incremento de la forestación–, la prolongada sequía experimentada entre 2022 y 2023, y el actual escenario de déficit hídrico que atraviesa la región.
En un llamado adicional, los activistas solicitan una audiencia con Orsi y extienden una invitación formal para que el mandatario los acompañe en un recorrido por la zona designada para la futura represa. El objetivo, detallan, es que pueda “constatar de primera mano la situación ambiental de los cursos de agua y la profunda inquietud que embarga a las familias ante una obra cuyos perjuicios podrían ser irreparables”.
Según el comunicado de los vecinos, el presidente Orsi “recibió el voluminoso material y manifestó su compromiso de generar un espacio de diálogo para evaluar los planteamientos expuestos”.
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